“El minifundio mediterráneo sobrevivirá si se potencian sus características. La base de su subsistencia no deben ser las ayudas públicas que puedan ofrecer las distintas administraciones”. Este será uno de los ejes de la conferencia que pronunciará la ingeniera agrónoma Beatriz Rocamora el próximo viernes 7 de noviembre dentro del II Curso Microvinya, una herramienta para el desarrollo rural, que ha organizado la Universidad de Alicante.
Para Beatriz Rocamora “el minifundio ha de buscar otras vías de rentabilidad fuera de la Política Agraria Común para poder sobrevivir”. Esas nuevas estrategias pasan por lo que está realizando el proyecto Microviña, es decir, “un producto, en este caso el vino, claramente diferenciado, vinculado estrechamente al territorio, de calidad y que además aporta otros valores como los culturales, históricos y patrimoniales que le suman valor añadido y transmiten la esencia del minifundio”.
“En este caso -añade Beatriz Rocamora- estamos hablando de algo más que un vino. Tiene elementos muy diferenciadores como por ejemplo el pago justo a los microviñeros, es decir, a los agricultores que producen la uva, el cuidado del entorno, la recuperación de parcelas abandonadas y variedades en riesgo de desaparición, o la protección del medio ambiente y la cultura autóctona”.
En las comarcas del norte de la provincia de Alicante y sur de Valencia el proyecto Microviña es el único que ha sabido diferenciar su producto del resto del mercado pero para Beatriz Rocamora “en este territorio existen otros tipos de cultivos que tienen la capacidad de realizar lo mismo, como por ejemplo la cereza. Cuando pensamos en cereza -añade- pensamos inmediatamente en el Valle del Jerte pero aquí tenemos la misma calidad y tenemos que ser capaces de darla a conocer aprovechando todas las características de la cereza de La Montaña de Alicante. Otro producto que podría iniciar ese camino podría ser el aceite”.
Beatriz Rocamora explicará las particularidades de la última reforma de la Política Agraria Común de la Unión Europea, que han de ser aplicadas por las distintas regiones europeas, en este caso la Generalitat Valenciana, que ha de poner en marcha el programa de desarrollo rural.
