El Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde, de manera definitiva, a la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Su objetivo es mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria aumentando la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español. Además, pretende reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en beneficio tanto del sector como de los consumidores.
Para lograr estos objetivos, la ley se basa en un «modelo mixto de regulación y autorregulación» de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, «desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios».
La nueva norma regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. En relación con el régimen de contratación, la principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena, que se formalizarán antes del inicio de las prestaciones.
En los contratos se deberán incorporar los elementos esenciales, como la identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, duración, pactados libremente por las partes.
Además, la Ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Para ello, los contratos deberán contener las cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación.
También se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos, deberán ser pactados e incluso expresamente incluidos en el correspondiente contrato.
En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a un operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial.
En cuanto a la gestión de marcas, la norma establece la obligación de los operadores de gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal.
Por otra parte, la autorregulación de las relaciones comerciales se basa en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que está elaborando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente junto a las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria y la distribución.
El Código, que será de adhesión voluntaria, cuenta también con la participación del Ministerio de Economía y Competitividad y de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio nacional. Para ello se va a establecer un Registro Estatal, que agruparía a todos los operadores de la cadena que se adscriban a este código.
No obstante, la ley prevé la posibilidad de que existan otros códigos de buenas prácticas mercantiles, impulsado por los propios operadores de la cadena, que también podrían inscribirse en el Registro Estatal.
Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y, además, informará de la propuesta de Código y realizará su seguimiento; tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos; y analizará la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como las causas.
Por último, la ley incorpora mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas para garantizar la Unidad de Mercado.
REDACCION gastronomia.com
